Las devoluciones en caliente de migrantes y aspirantes a asilo, así como las supuestas agresiones por parte de los cuerpos policiales, vuelven a estar a la orden el día y a poner de manifiesto la actuación de varios gobiernos europeos.
La plataforma de periodismo de investigación holandesa Lighthouse Reports, junto a ocho medios de comunicación europeos, ha documentado con sus cámaras las llamadas push backs (devoluciones forzosas) en Grecia, Rumanía y Croacia. Cuentan con testimonios de migrantes y expolicías, y con más de una docena de vídeos que atestiguarían el maltrato que reciben las personas refugiadas.
En cuanto a Grecia, en 15 de los 635 vídeos analizados se verían a hombres enmascarados interceptando a migrantes en situación irregular en el mar Egeo, mientras que en Rumanía también habrían conseguido grabar a grupos policiales empujándolos a regresar a Serbia.
En el caso de Croacia, consiguieron grabar 11 devoluciones en caliente en cinco puntos distintos de la frontera con Bosnia y Herzegovina, entre mayo y septiembre de 2021. En una de ellas se vería actuando a hombres enmascarados y equipados con uniformes de la policía croata, impidiendo mediante la fuerza la entrada de migrantes.
Lejos de limitarse a esos 11 casos, más de 140 personas habrían sido deportadas a través de la frontera sin que se haya evaluado su derecho a la protección.
Según organizaciones de derechos humanos, en 2020 se produjeron más de 16.000 devoluciones forzadas de migrantes en la frontera croata-bosnia.
Recientemente, también se han observado incidentes similares en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, así como en la frontera entre Turquía y Grecia, y en alta mar.
Letonia, Lituania y Polonia mantienen el estado de emergencia en la zona fronteriza con Bielorrusia para impedir la llegada de inmigrantes, que se ha multiplicado en los últimos meses con más de 14.000 intentos desde agosto, un hecho sin precedentes.
EN ALTA MAR
En el caso de las devoluciones en el mar hay que tener en cuenta que la soberanía de un Estado termina a doce millas náuticas de su propia costa, por lo general. Si los guardacostas obligan a los refugiados a dar marcha atrás en alta mar a una distancia superior, es probable que no se trate de una violación de la prohibición de devolución. No obstante, todos los capitanes están obligados a prestar asistencia si una embarcación se encuentra en peligro en el mar.
Estos son los grandes olvidados de la crisis migratoria en Europa: no alcanzan el Viejo Continente ni se suman a las listas de ahogados en medio del mar. Casi 35.000 personas, según la ONU, han sido víctimas desde 2019 de las expulsiones en frontera en alta mar.
Se trata de una de las prácticas más comunes que la Unión Europea aplica en el Mediterráneo central, a través de los guardacostas libios. Tan solo en los cinco primeros meses de 2021, más de 13.000 migrantes han sido devueltos por la Guardia Costera Libia al país magrebí. Eso supone que se han superado ya las cifras de devoluciones forzosas en comparación con todo 2019 (9.225) y 2020 (11.891). La ONU, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, junto a ONG humanitarias llevan meses exigiendo a las autoridades europeas el fin de esta práctica porque “Libia no es un país seguro”.
A pesar de ello, expertos suben a más de 70.000 la cifra de personas devueltas a Libia desde 2017.
Después de huir de la guerra en Siria, de la hambruna en Sudán, del terrorismo en Somalia, del avance talibán en Afganistán o de la propia desesperación en Libia, más de 30.000 personas se han topado desde 2019 con la Guardia Costera Libia, a veces a punta de pistola, y se han visto obligados a volver a aquel infierno que creían haber dejado atrás.
PROHIBICIÓN DE LA DEVOLUCIÓN
La entrada en la Unión Europea puede seguir siendo denegada a quienes buscan ayuda. Ya sea en el mar o en tierra. Todos estos datos nos hacen preguntarnos si un país puede negar la entrada de refugiados y migrantes.
En principio, un Estado puede elegir la forma de proteger sus fronteras y es libre de decidir sobre la entrada de ciudadanos de otro Estado, pero al hacerlo no debe violar los derechos humanos.
No todas las personas que han cruzado ilegalmente una frontera pueden ser devueltas al país de origen. Desde la Convención de Ginebra sobre los Refugiados se prohíbe a los Estados devolver a las personas a países en los que corren riesgo de sufrir tortura o cualquier tipo de represión.
Pero esta cláusula solo afecta a las personas refugiadas, quienes tienen una protección legal mucho mayor contra la repatriación mediante la prohibición de la devolución. Sin embargo, los migrantes que entran ilegalmente solo pueden invocar la prohibición de la expulsión colectiva ante los tribunales.
Las devoluciones forzosas de solicitantes de asilo que ya se encuentran en el territorio de la UE o directamente en la frontera violan, por tanto, la prohibición de devolución.
LA CUESTIÓN SIRIA
Un caso particular que muestra el grave error de devolver a personas migrantes a sus países de origen es el de Siria. Hay que recordar que la gente que huye de su país es por necesidad. Human Rights Watch (HRW) lleva alertando desde hace tiempo que muchos de los refugiados sirios que regresaron al país árabe en los últimos años han sido sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales por parte del Gobierno sirio y sus milicias aliadas.
Además, la organización ha sacado los colores a una serie de países que están alentando los retornos, como es el caso de Dinamarca, a la que acusa de sentar un peligroso precedente al quitar el estatus de ‘protección temporal’ a los refugiados procedentes de Siria.
HRW también resalta en su informe la gran cantidad de retornos desde el Líbano, donde residen alrededor de 1.500.000 de refugiados sirios.
La organización alega que se trata de una violación descarada de las leyes internacionales de los refugiados y de los derechos humanos.
