En el mundo hay más de 80 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia y las guerras. Muchos se unen a caravanas migrantes que recorren miles de kilómetros en condiciones terribles, donde imperan la inseguridad y los peligros —como el de ser objetivo de las redes de tráfico y trata de personas— al cruzar las fronteras y huir del horror. Este fenómeno afecta especialmente a
mujeres y niños.
Aunque parezca mentira, junto a estas situaciones de extrema vulnerabilidad, vemos como en toda la Unión Europea (UE) las políticas migratorias se van volviendo cada vez más restrictivas. Hay una mayor represión contra la migración irregular y se criminaliza de forma sistemática a aquellos que tienden su mano a los refugiados y migrantes. Debido al marco legal europeo que obliga a los Estados miembro a sancionar a quienes favorecen la entrada, permanencia y tránsito irregular de migrantes, muchos países castigan la ayuda humanitaria. De hecho, las organizaciones sociales viven con creciente preocupación el aumento de esta criminalización de la solidaridad hacia las personas refugiadas y migrantes en Europa. Sus defensores se enfrentan a denuncias en el discurso público, intimidaciones y ataques constantes de todo tipo.
Últimamente ha ido cobrando fuerza el discurso ultranacionalista de perfil cada vez más xenófobo. Un discurso que ve a las personas migrantes como una amenaza y que genera un efecto paralizante en la solidaridad y alimenta aún más los relatos tóxicos y negativos sobre la migración.
Casos mediáticos
Como decía anteriormente, y es bien sabido por todos por lo mediáticos que han sido estos sucesos, se han detenido y acusado de tráfico de personas a quienes han acogido a migrantes o han salido al mar a su rescate.
Las normas penales y administrativas de la UE han azotado tanto a personas concretas (como la activista española Helena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras) como a ONG de acción humanitaria y sensibilización (entre las que están Proem-Aid o Médicos Sin Fronteras). Podemos recordar también casos como el de los tres bomberos sevillanos que fueron procesados por un tribunal griego por acudir al rescate de refugiados sirios que intentaban llegar a la isla de Lesbos; además del proceso a Carola Rakete, por parte de las autoridades judiciales italianas, por conducir el barco que capitaneaba con 40 personas rescatadas a bordo hasta el puerto de Lampedusa; o la persecución penal de Domenico Lucano, alcalde de un pequeño pueblo de Calabria que acogió inmigrantes irregulares a los que cedió las casas abandonadas de su localidad y promovió la creación de empleo para que pudieran quedarse.
El conflicto en Europa sobre la situación migratoria, en especial del rescate marítimo, resulta inquietante para el respeto de la dignidad humana y la solidaridad internacional. Tanto la convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) de 1974 como la de 1979 —convención sobre la búsqueda y el rescate marítimo— evocan la obligación de los capitanes de socorrer a una persona en peligro en el mar y los Estados deben asegurar una asistencia personal. Entonces, resulta escandaloso considerar que la ayuda de los capitanes sea considerada como un crimen e incluso vayan a la cárcel por ello.
No es propio de una sociedad democrática, moderna y avanzada que se castiguen conductas que contribuyen a salvar vidas. Esto jamás puede ser un delito. Las ONG y personas que operan en este ámbito sufren procesos judiciales, campañas difamatorias y acusaciones de colaboración con traficantes de personas, lo que dificulta e incluso impide su práctica solidaria. De ninguna manera podemos tolerar que la solidaridad y la acción humanitaria sean criminalizadas.
Que los y las activistas solamente quieran ayudar no importa y que respeten la ley que dice que hay que tratar de salvar a personas en peligro y llevarlas al puerto seguro más cercano, tampoco. Los gobiernos europeos y FRONTEX, en vez de apoyar a las organizaciones que cumplen con sus obligaciones, fuerzan a los actores humanitarios a defenderse por entrar en aguas territoriales sin permiso, resistir contra un buque militar, tener un barco no registrado debidamente y ayudar activamente a la inmigración irregular, entre otros.
Sin luz al final del túnel
Gobiernos están presionando cada vez más a las organizaciones humanitarias para que éstas se plieguen a sus intereses con la excusa de la lucha contra el terrorismo, lo cual está limitando y condicionando la capacidad de llevar ayuda a quienes más lo necesitan. La brecha entre necesidades y recursos sigue agrandándose, dejando a cada vez más población sin la asistencia y protección adecuadas. El sistema internacional humanitario no está siendo capaz de responder y mucho menos de prevenir las situaciones de crisis, desastres y violencia.
Desde el principio de la crisis migratoria, allá por 2015, se nota un compromiso internacional para mejorar la situación y llamar la atención europea sobre este problema mayor. Muchos actores de la sociedad civil y de organizaciones internacionales intentan alarmar sobre la situación y reclaman una política migratoria europea que no vulnere los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Por consiguiente, la criminalización no es una solución a la crisis migratoria, sino la prueba de que la UE no se preocupa del problema y no quiere solucionarlo. La criminalización es una amenaza directa para la solidaridad y la fraternidad europea que se viene intentando construir desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, parece que se están olvidando los valores fundamentales de la construcción europea y sancionando a los ciudadanos que actúan de acuerdo con ellos. Por ello reclamamos una despenalización de la ayuda humanitaria inmediata, además del respeto que se le debe a las personas que, junto a la ayuda
humanitaria, también criminalizan.
Es esencial no olvidar la Historia. Paradójicamente, durante muchos siglos, Europa fue una tierra de emigrantes y es muy cínico usar estas políticas restrictivas que además niegan nuestro propio pasado.
